La polémica que sacude el centro de acogida animal de Valencia: de una investigación del Seprona a la entrada de empresas de control de plagas

La gestión del principal albergue municipal para animales en Valencia se ha convertido en un foco de tensión política y social. Una investigación de la Guardia Civil por un presunto tráfico ilegal de ejemplares, sumada al relevo en la concesión del servicio —que pasa de la protectora Modepran a una unión temporal de empresas especializadas en control de plagas—, ha generado un terremoto institucional. El Ayuntamiento, la protectora y la nueva adjudicataria se enfrentan en un cruce de acusaciones mientras la ciudadanía asiste atónita al cambio de rumbo del refugio público.

A partir del viernes, una UTE formada por compañías dedicadas a la gestión de especies invasoras y al control de plagas asumirá la responsabilidad sobre los dos centros municipales: el de especies exóticas, ubicado en el barrio de Natzaret, y el de animales domésticos, situado en Benimàmet. El primero había sido gestionado directamente por el consistorio desde su apertura; el segundo llevaba quince años bajo el amparo de la asociación protectora Modepran. El cambio responde a un concurso público impulsado para adaptarse a la normativa vigente, pero ha desatado una oleada de críticas contra el gobierno local de PP y Vox presidido por María José Catalá. El malestar se ha intensificado al conocerse que una de las empresas integrantes de la UTE ha sido investigada previamente por el trato dispensado a los animales.