“No hemos percibido la llegada a los centros de un aluvión de perros, adoptados durante la pandemia”

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Juan Carlos Ortiz, presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales, nos explica en esta entrevista cómo ha afectado la pandemia a los centros de protección animal oficiales y la gestión que se hizo de los animales durante la época más dura del 2020.

Juan Carlos Ortiz, Presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales

Durante el confinamiento los centros de protección animal oficiales redujeron su actividad al mínimo: atención de los animales albergados y servicios de recogida urgentes. Una vez recuperada la actividad ¿se ha visto algún cambio?

Hemos tenido, y aún tenemos, situaciones muy complicadas en los centros oficiales de recogida de animales por la llegada de perros o gatos, con o sin sintomatología, pero procedentes de domicilios en los cuales su propietario había fallecido o estaba hospitalizado por COVID-19.

Los centros de protección animal oficiales, dependientes de las corporaciones locales tienen la competencia y la responsabilidad de recoger a los animales vagabundos, abandonados en la vía pública o extraviados. Redujeron su actividad al mínimo durante el periodo de confinamiento, en la pandemia por COVID-19; solo atención de los animales allí albergados: alimentación, limpieza y desinfección de instalaciones y atención sanitaria de los mismos.

Sus servicios en el exterior del centro se limitaron a los casos urgentes y esenciales, en la mayoría de las ocasiones en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las comunidades autónomas y la Policía Municipal, para recoger animales heridos o extraviados. Las adopciones se pararon, las que estaban en trámite administrativo, ya que los centros estaban cerrados al público.

La situación, en la actualidad, ha cambiado. Poco a poco han vuelto a la normalidad. Por los datos que manejamos en los centros vinculados a la asociación, no se observan grandes diferencias. No hemos percibido la llegada a los centros de un aluvión de perros adoptados durante la pandemia, presuntamente para facilitar a su propietario salir a la calle durante el periodo de confinamiento.

Sí hemos observado un incremento de los gatos que han entrado en los centros. La mayoría de ellos procedentes de camadas de colonias felinas urbanas como consecuencia de su crecimiento exponencial y descontrolado.

¿Cuál ha sido la gestión de los animales en los casos de propietarios ingresados y/o fallecidos?

En la mayoría de los casos, el hallazgo no se comunicó a la autoridad sanitaria. Aunque, lo más reseñable, es que no se establecieron criterios e instrucciones específicas por parte de las autoridades sanitarias, de Sanidad Animal, sobre qué hacer en los casos de animales procedentes de domicilios con enfermos sospechosos y/o confirmados de la COVID-19, ni tan siquiera una instrucción para recoger datos del animal y de los propietarios.

En los centros pertenecientes a ayuntamientos que contaban con veterinario municipal, si llegaba la información de un perro o gato cuyos propietarios hubieran fallecido o estuviera ingresado en un centro sanitario por COVID – 19, se recogía al animal siguiendo un protocolo de bioseguridad que elaboramos en nuestra asociación, para el personal. Tamnbién se mantenía en cuarentena en el centro durante 14 días.

Los animales que habían tenido contacto con personas enfermas de COVID-19, con o sin sintomatología compatible con esta enfermedad y que hayan sido positivos a una analítica por PCR frente al virus, según establecía la O.I.E. debían pasar una cuarentena y una vigilancia veterinaria con las correspondientes analíticas hasta constatar la negatividad a la enfermedad.

Bien es cierto, que, en las primeras etapas de la pandemia la escasez de pruebas de diagnóstico y la prioridad de realizar las pruebas en personas antes que, en los animales, no permitiera realizar las pruebas en ellos. No es excusa en la actualidad, para, atendiendo a las indicaciones de la O.I.E. y al principio de precaución, se observen rigurosas cuarentenas de estos animales. Dichas cuarentenas debían realizarse en centros oficiales, ya que se trataba de una medida de policía sanitaria y debía realizarse en un lugar con todas las garantías para el personal, para la población y para otros animales.

¿Ha habido alguna irregularidad o situación de riesgo?

En estos meses de pandemia hemos podido leer en los medios de comunicación el ofrecimiento y el acogimiento de perros y gatos procedentes de situaciones descritas, propietarios y/o cuidadores positivos a COVID-19, por entidades de protección animal, sin control, ni protocolo alguno que garantizara la seguridad y salud pública, ni la sanidad animal.

Consideramos que la emergencia no justificaba esta actuación por parte de algunas entidades de protección y algunas empresas y suponía un riesgo innecesario tanto para las personas como para los animales. En aquellas fechas aún no se tenía la certeza científica, que hoy sí existe, sobre la no transmisión del COVID-19 desde perros y gatos a las personas.

Por otra parte, desconocemos si las instalaciones de dichas entidades reunían las condiciones necesarias mínimas desde el punto de vista de la bioseguridad y si contaban con la autorización de las autoridades sanitarias para llevarla a cabo.

Nos pareció muy grave, incluso ilegal, que una entidad privada asumiera unas competencias que son exclusivas de la autoridad sanitaria. Lo hizo sin autorización expresa de la autoridad competente, poniendo en peligro a los animales, los trabajadores y voluntarios y a la población en general.

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